Opinión: Atacama no es un territorio seguro para las mujeres

La incompetencia de las autoridades, más la cultura machista y el centralismo del país hacen que la vida de las mujeres en el norte de Chile sea especialmente compleja.

Es particularmente difícil ser mujer, y a eso podemos sumarle un sinfín de características y contextos. Es difícil ser mujer y afrodescendiente, mujer mapuche, mujer pobre, mujer lesbiana, mujer en Siria, mujer adulta mayor y un muy largo etcétera. Pero quiero relatar de una dificultad que nos ha costado visibilizar; ser mujer atacameña.

Atacama, tercera región de Chile, varios kilómetros al norte del centralismo con el que se cubren las noticias y reportajes. Zona de proyectos extractivistas que nos han llenado de zonas de sacrificio ambientales. Región azotada por al menos dos aluviones en los últimos cinco años, de los cuales lentamente nos hemos sabido levantar. Pero bajo todo esto que podemos decir de esta parte de Chile, hay una realidad de la cual pocos hablan: en Atacama desaparecen las mujeres.

En el año 2019, Hugo Pastén asesinó a Susy Montalbán, una mujer trans de la ciudad de Copiapó. Al ser detenido, confesó el secuestro de Marina Cabrera y Catalina Álvarez. Sin embargo, estas desapariciones comenzaron un año antes cuando en octubre del 2018, la joven Tanya Aciares fue vista por última vez. Luego, en febrero del 2019, es Marina Cabrera, mujer boliviana, quien desaparece luego de ir a dejar a su hijo al jardín. No se supo de ella hasta que una geóloga dio con su cuerpo calcinado, cuando estudiaba unos piques mineros. Más adelante, en junio de ese año, desaparece Catalina Álvarez, una estudiante con 16 años, quien también fue víctima del mismo Hugo Pastén en Paipote. Aunque el feminicida fue detenido, las desapariciones continuaron.

Hacia noviembre de 2020 y aun con todas las medidas restrictivas (como el toque de queda y barreras sanitarias) del gobierno del asesino Sebastián Piñera, desapareció Thiare Elgueda, joven de 19 años, quien se trasladaba desde la ciudad de Copiapó, rumbo a Caldera a dejar un televisor. Hasta la fecha, se desconoce el paradero de Tanya, Thiare y Catalina. No hay avances en las investigaciones, pero sí intenciones de cerrar los casos.

No son hechos aislados. Detrás de esto hay un sistema patriarcal (medios de comunicación, instituciones, autoridades e incluso nuestros vecinos) que permiten que algunas familias, vecinas nuestras, madres desesperadas, no sepan dónde están sus hijas, qué pasó con ellas y no tengan la más mínima justicia. Si buscamos culpables, no hablamos sólo de quien fue el responsable de que nuestras compañeras aún no aparezcan, sino de todos quienes tengan la mínima responsabilidad en el nulo avance de los casos. Pero vamos por partes y señalemos responsabilidades:

La (in)justicia patriarcal abanderada por Christian González Carriel, fiscal jefe de Copiapó, a cargo de las investigaciones de 4 jóvenes desaparecidas desde el 2018, exhibe bajo su jefatura un arraigado pensamiento machista y patriarcal, que queda en evidencia en diversas declaraciones dónde culpabiliza a las víctimas de lo sucedido; como en Diciembre del 2020 en TVN, cuando emite la siguiente declaración: “En cualquier lugar del mundo, si usted está sola en un lugar aislado y oscuro, hay más riesgo de que le ocurra algo. Si usted ve las estadísticas, las mujeres violadas, asesinadas, secuestradas por extraños, va a encontrar muchas, lamentablemente, en lugares oscuros, solitarios y aislados”.

¿Es necesario decir que no es el lugar? Creíamos que con la intervención de Las Tesis con su frase “y la culpa no era mía, ni donde estaba, ni cómo vestía” no tendríamos que seguir explicándolo, menos a una persona encargada de resolver crímenes tan terribles contra mujeres. No sólo queda en evidencia la falta de competencias mínimas necesarias para el cargo, sino una falta de protocolo a nivel nacional, que prevenga la constante negligencia en la búsqueda de nuestras desaparecidas.

En cuanto a los medios de comunicación, no podemos dejar de pensar en la poca cobertura que se les ha dado a nuestras desaparecidas en comparación a otros casos similares, sobre todo cuando suceden en la Región Metropolitana, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Fernanda Maciel. La prensa suele ser un medio de presión cuando se realiza un seguimiento periodístico de los casos, pero la cobertura ha sido mínima y son las personas de Atacama quienes deben trabajar para visibilizar esta situación, como lo hacemos ahora escribiendo esta columna.

Pero las (ir)responsabilidades no terminan ahí. No podemos dejar de mencionar a las instituciones que deberían protegernos como el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SERNAMEG), Carabineros de Chile y Policía de Investigaciones. La primera ha funcionado como funciona a nivel nacional; nada. La reparación no ha llegado a las familias de las víctimas y existe un nulo apoyo psicosocial ante tan delicada situación. Por lo que no dudamos en denunciar abandono de deberes por parte de la directora regional. Un claro ejemplo de violencia institucional es lo ocurrido en la Ceremonia Tradicional Andina, que se realizó para despedir los restos de Marina Cabrera (segunda víctima de Hugo Pastén). El día 28 de abril del presente año, la pareja de Marina recibió el llamado de la fiscalía regional de Atacama para informar que no se puede realizar la cremación del cuerpo ya que no se cuenta con la autorización de los padres (que viven en una zona rural de Bolivia). Esto dejó desconcertada a la familia. Sabemos que era responsabilidad del fiscal (sí, otra vez Christian González) elaborar un documento que facilita la operatividad burocrática. Esto sólo deja en evidencia la violencia institucional sistemática, silenciosa e impune hacia las mujeres de Atacama. Fueron las gestiones feministas las que permitieron finalmente que al otro día el cuerpo de Marina pudiera ser cremado.

Si relato es plural es porque a raíz de esta (in)justicia patriarcal y también ante los femicidios de Atacama, han nacido diversas organizaciones feministas a lo largo de la región. Quienes como autodefensa y ante la necesidad de manifestarnos frente a esto, hemos estado en una constante coordinación. Y es aquí donde debemos mencionar el rol de los pacos y ratis, ya que no sólo han tenido una insuficiente participación en la resolución de los casos, sino que han contribuido a la persecución política que hemos vivido las organizaciones feministas en la región. Desde hace ya bastante tiempo, hemos resistido ante diferentes situaciones como detenciones arbitrarias, controles de identidad innecesarios, excesivas rondas en nuestras casas, gran despliegue en manifestaciones feministas, abuso de poder, acoso, como también otros tipos de amenazas y amedrentamientos, con el único fin de desarticularnos y mantener la impunidad.

A pesar de todo lo anterior, continuamos denunciando en todos los espacios posibles la falta de justicia y verdad para las familias que hoy lloran el angustiante hecho de no saber dónde están sus hijas. Seguimos alzando la voz porque no sólo tenemos víctimas, sino que también sobrevivientes a estas violencias. Tenemos relatos de mujeres a las que han intentado secuestrar y otras que lograron escapar, no sin antes ser víctimas de violencia sexual. Las mujeres en Atacama resistimos en organización porque en las calles se respira miedo e injusticia, pero también esperanza porque desde todas las veredas, en todos los espacios y en los diferentes conductos, hay una atacameña nombrando a nuestras desaparecidas y denunciando que Atacama no es un territorio para las mujeres.

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(*) La Red Feminista Chañaral es una organización de resistencia feminista comunitaria sin fines de lucro. Su finalidad es crear una base de datos de mujeres de Chañaral, comprometidas con el fin de la violencia de género, así también el fin de la educación sexista. Si quieres más información, están presentes en Facebook e Instagram.