Desde el inicio del estallido social unas 475 personas han sufrido daños en sus ojos. ¿Cuál es su situación? Acá revisamos el tortuoso camino que enfrentan las víctimas de la represión policial.
Por Felipe Gómez / felipe@chilepunk.cl
El 23 de octubre yo estaba en Plaza Dignidad, en los inicios de las manifestaciones. Fui a protestar pacíficamente. Soy músico. Toco instrumentos de percusión y los llevé ese día. Un cencerro y una timba. Había ido por primera vez el 21 de octubre. El 22 también fui de la misma forma, tocando música. Y el día miércoles 23 de octubre de 2019, un cuarto para las seis de la tarde en el Puente Pío Nono, me agredieron con un perdigón en mi ojo derecho.
Así comienza la historia de César Galloso. Probablemente, de forma muy parecida a la de otrxs compañerxs que, desde el estallido social, han sufrido traumas oculares debido al accionar represivo de Carabineros bajo la administración del gobierno de Sebastián Piñera.
Hoy, César debe lidiar con las consecuencias de la agresión sufrida ese día. Por suerte, explica, “mi ojo no se reventó como sí le pasó a otros compañeros y compañeras, pero igual tuve un trauma severo. El perdigón me dañó la parte interna del ojo y ahora acuso una hipertensión ocular o un glaucoma traumático. Ya llevo un año con él y todavía no ha bajado. Tengo un desprendimiento de la raíz del iris, el cual también me ha traído complicaciones con el tema de la luz: la pupila no se dilata a la misma velocidad que en mi ojo bueno, entonces, se demora y me genera un par de molestias. Me mandaron a hacer más exámenes. Ahora último me encontraron una opacidad en el cristalino. Eso puede ir creciendo e inevitablemente tengo que someterme a una operación donde me van a reemplazar el cristalino y me pondrán un lente intraocular”.
Del autor del disparo, como en la mayoría de los casos, no se sabe nada excepto que el arma fue percutada por la policía.
A dos semanas del inicio de las revueltas, en noviembre de 2019, ya se contabilizaban más de cien personas con algún tipo de traumatismo ocular. Hoy, a pocos días de concluir el 2020 la cifra es difusa pero se estima en aproximadamente 475. Las dos últimas víctimas son recientes: Felipe Ávila, de 30 años, que el pasado 12 de diciembre se encontraba registrando imágenes del actuar de la policía cuando recibió un impacto en su ojo derecho y que le causó la pérdida del globo ocular. Y este viernes 18 de diciembre, Héctor Molina, que en la intersección de Mc Iver con Alameda, recibió un perdigón en su ojo derecho. Afortunadamente, no perdió la vista aunque aún se evalúan los daños provocados.
víctimas organizadas
César Galloso es ahora uno de los voceros de la recientemente creada Coordinadora de Víctimas por Trauma Ocular, que reúne a 110 personas de todo Chile. Hasta hoy no han encontrado reparación ni justicia por parte del Estado.
“Nunca nadie se ha comunicado con nosotros. Sólo crearon un programa de reparación para víctimas de trauma ocular, pero que todavía no tiene un manual que explique cuáles son los beneficios y alcances, como ingresar y todo eso”, denuncia el joven músico.
El programa en cuestión se llama PIRO (Programa Integral de Reparación Ocular), que fue anunciado el 11 de noviembre de 2019 por el ex ministro de Salud Jaime Mañalich. Desentendiéndose de toda responsabilidad política en el accionar represivo de Carabineros y sin reconocer la condición de víctimas del creciente número de beneficiarios de la iniciativa, Mañalich se limitó a presentar este programa como una solución “para quienes han sufrido daños en la visión como consecuencia de la violencia de los últimos días en el país”.
Actualmente unas 360 personas han accedido al PIRO, sin embargo, las víctimas de trauma ocular denuncian que es un programa deficiente. “En primer lugar, porque se trata de un programa centralizado que se ejecuta en Santiago. Las compañeras y compañeros que vienen de Valdivia, Iquique o Puerto Montt, tienen que dirigirse hasta la Unidad Traumatológica Ocular (UTO) del hospital Salvador en Santiago. Eso implica viajar cientos de kilómetros, lo que no es compatible con sus trabajos y estudios”, cuenta César.
Y aunque el Gobierno bautizó al programa como “integral”, el plan está lejos de serlo. “Ya llevamos más de un año con daños oculares y lo único que hay disponible es una psicóloga y una tecnóloga médica. Hay un oftalmólogo que hace las prótesis, una asistente social y una terapeuta ocupacional. Ese es todo el personal del programa. Sólo se enfoca en la parte de la rehabilitación de salud, pero nada más. No hay ayuda para la reinserción laboral, por ejemplo. Acá tendrían que involucrarse el ministerio de Justicia, de Vivienda, de Educación y el ministerio de la Mujer para que fuera un programa integral de verdad. Es totalmente deficiente”, agrega el vocero.
Un diagnóstico lapidario que es compartido en la Fundación Los Ojos de Chile, organismo sin fines de lucro que surgió a partir de una campaña de ayuda para las víctimas de trauma ocular en octubre de 2019 y que en agosto de este año se constituyó como fundación para asistir, acompañar y apoyar la rehabilitación de las víctimas de trauma ocular en todas las dimensiones que requiere el proceso de recuperación.
Matías Vallejos, director ejecutivo, explica que “el programa PIRO se trata simplemente de una inyección presupuestaria para extender una patología GES (Garantía explícita en Salud), que está contemplada en nuestro sistema público. Es además un programa que tiene sólo el nombre ‘integral’ porque deja muchas dimensiones de la rehabilitación afuera. No atienden en ningún caso la reparación económica de estas personas y sus familias”.
Rosario Soto, directora de la fundación, grafica una de las muchas falencias detectadas en el programa PIRO: “cuando una persona sufre un trauma ocular, inmediatamente su ‘ojo bueno’ empieza a hacer un esfuerzo adicional para compensar la visión que antes existía con dos ojos. Pero los pacientes del programa PIRO reciben atención sólo en su ojo dañado y no en su ojo sano que reciente el esfuerzo”.
Matías Vallejos agrega que “hay muchas otras prestaciones cercanas que no son atendidas: medicamentos, recetas psiquiátricas. O en el caso de los lentes ópticos que, aunque sí los gestionan, se demoran semanas en llegar a las personas que los necesitan, lo que contribuye al deterioro de los ojos que están sanos”.
Hasta hoy los responsables del programa PIRO no han contestado nuestra solicitud de entrevista.
Ni reparación ni justicia
Tras el estallido social de octubre de 2019 un manto oscuro de impunidad pesa sobre el Estado de Chile y el gobierno de Sebastián Piñera. Aunque el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) denunció que los abusos cometidos en las primeras semanas que siguieron a las revueltas eran “la mayor crisis de Derechos Humanos desde la Dictadura”, ni el Alto Mando de Carabineros ni tampoco los responsables políticos de los abusos han sido investigados ni juzgados.
Impunidad que persiste, incluso tras denuncias como la realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que constató en terreno, en enero de 2020, el estado de la cuestión en Chile. “La CIDH expresa extrema preocupación y condena el alto número de violaciones de derechos humanos denunciados en el contexto de la protesta social; e insta a las autoridades de Chile a investigar con debida diligencia las denuncias de violaciones a los derechos humanos, a identificar y sancionar a los responsables e informar los resultados debidamente a la ciudadanía”, informaron.
Organizaciones acusan terrorismo de Estado
Aunque las organizaciones internacionales -como la ONU- no tienen una definición sobre este concepto, el jurista español Ernesto Garzón define esta idea como:
Un sistema político cuya regla de reconocimiento permite y/o impone la aplicación clandestina, impredecible y difusa, también a personas manifiestamente inocentes, de medidas coactivas prohibidas por el ordenamiento jurídico proclamado, obstaculiza o anula la actividad judicial y convierte al gobierno en agente activo de la lucha por el poder.
En este contexto de injusticia, las víctimas de mutilaciones continúan siendo vulneradas por el Estado al no encontrar reparación, verdad y justicia.
“La verdad es que yo no tengo mucha fe”, confiesa César Galloso, cuando se le pregunta por el estado de avance de los pocos procesos judiciales que buscan aclarar responsabilidades en las agresiones que las víctimas de trauma ocular han sufrido desde el 18 de octubre de 2019.
“La parte judicial va súper lenta. Solamente los casos emblemáticos o los más importantes como el caso del niño que lanzaron al Mapocho, el del compañero Gustavo Gatica o la compañera Fabiola Campillai presentan algunos avances… pero aún así no hay justicia real. Ningún paco ha sido condenado por los crímenes que ha cometido. Entre ellos mismos se encubren. Hemos visto las prácticas que ellos tienen. En los videos que han sido liberados se ve cómo tergiversan y arreglan las cosas a su favor. Por eso mismo hay tantos presos de la revuelta sin pruebas claras“, relata César.
El vocero de la Coordinadora de Víctimas de Trauma Ocular agrega que “la misma policía ha hecho que estos procesos judiciales sean más lentos. Nos queda esperar, pero no tengo muchas esperanzas la verdad”.
Para la Fundación Los Ojos de Chile el panorama es tristemente claro: “El Estado no se está haciendo cargo. Más allá de la rehabilitación ocular, hay una dimensión que nos atañe a todos como ciudadanía y es que al no haber un reconocimiento por parte del Estado, no hay paso hacia una verdad, justicia y memoria histórica. Y eso cabe mencionarlo, ya que muchas de las agresiones con consecuencia de traumas oculares ocurrieron en el contexto de manifestaciones legítimas que exigían igualdad y el fin de la discriminación estructural en nuestro país”, explica Matías Vallejos.
Las consecuencias de la impunidad
¿Tiene un impacto en las víctimas de trauma ocular esta impunidad estructural?
Nicolás Gómez, psicólogo clínico y magíster (c) en Psicología Clínica con mención en Psicoanálisis de la Universidad de Chile, quien ha estudiado el problema del terrorismo de Estado y su impacto psicológico, dice que sí. Explica a Chilepunk.CL que “la mutilación del cuerpo en sí, ya representa un hecho traumático y si a esto se le añade que la mutilación no corresponde a un hecho fortuito, sino que es parte de una política racionalmente organizada por el Estado -que debiera ser el garante de los Derechos Humanos- el efecto traumático puede amplificarse enormemente”.
El profesional agrega que el terrorismo de Estado destruye un “pacto cultural” en el que se entiende al Estado como el garante del respeto irrestricto a los Derechos Humanos. Convertido ahora en agresor, el Estado genera “una pérdida de garantías básicas de seguridad del sujeto en lo social. Por otra parte, el Estado adopta una cualidad perversa, sin límites, localizándose por fuera de la ley, falseando la verdad histórica de los hechos, ejerciendo transgresiones, denegando su existencia (de las víctimas) y profundizando el carácter traumático de la mutilación por efecto de la ausencia total de reconocimiento”.
Es por esto, dice Gómez, que la noción del reconocimiento por parte del Estado para las personas agredidas en su condición de víctimas es fundamental. “En ausencia de reconocimiento, es la formación de agrupaciones de mutilados, o en otros tiempos, agrupaciones de familiares de ejecutados, detenidos desaparecidos y/o torturados, lo que permite sustituir la función de reconocimiento de la experiencia y su verdad histórica inscribiendo dentro del cuerpo social”, explica.
El psicólogo detalla que es fundamental la implementación de una política de reparación integral de para las víctimas. “Esto permitiría introducir la función del reconocimiento del Estado respecto del daño psíquico y social, favoreciendo la inscripción de la experiencia traumática por terrorismo de Estado. La reparación permite también condiciones de elaboración subjetiva respecto del trauma. Esto debe necesariamente articularse al juicio penal de los ejecutores directos y los responsables políticos del terrorismo de Estado”, explica.
Finalmente, dice Gómez, en caso de perdurar el silencio y la impunidad que rodea las agresiones del Estado hacia las víctimas de mutilación, existe el riesgo de “cronificar” el daño asociado al terrorismo de Estado. “Como ha sido investigado, el daño puede marcar no sólo a los afectados directos, si no que a toda la sociedad a través de las generaciones, debido a los mecanismos de transmisión transgeneracional de lo traumático, perpetuando la impunidad y el sufrimiento por todo el cuerpo social“, concluye.
Solidaridad de la sociedad civil
En contraposición al abandono que las víctimas de trauma ocular denuncian, la sociedad civil ha sido la que los ha acompañado y apoyado en el duro proceso de la rehabilitación, explican. “Hemos tenido colaboración de personas e instituciones que nos han ayudado, por ejemplo con los lentes oftalmológicos, también con atención oftalmológica, con atención psicológica… Hay solidaridad. Eso se siente y está presente. Eso se agradece en el alma, por la ayuda y la entrega que nos hace sobrellevar este proceso de recuperación. En este aspecto nos sentimos bien acompañados”, reconoce César Galloso, destacando el aporte de la Red de Colaboradores, la fundación Los Ojos de Chile y profesionales de la Universidad de Chile.
De todas maneras, explica Galloso, a pesar de estos esfuerzos lamentablemente la cobertura aún no alcanza a todas las personas que requieren ayuda. “Pero no dan abasto para todos”, dice.
Ahí otra vez surge la necesidad imperiosa de exigir al Estado de Chile una reparación real e integral. “Sabemos que es difícil. El vocero del Gobierno dice que en Chile no se cometen delitos de lesahumanidad y que no hay presos políticos. Pero se cuentan más de 40 muertos desde el 18 de octubre y hay unas 8.500 denuncias por violaciones a los derechos humanos. Hay mucha evidencia y videos que muestran lo contrario. Encontrar justicia y reparación va a ser complicado con un Gobierno que hace declaraciones como estas”, cierra César Galloso.
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